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Procuraduría de Colombia tercia en la pelea entre canales y operadores

Un nuevo personaje aparece en la puja que mantiene enfrentados a los canales Caracol y RCN contra los operadores de TV paga UNE, Directv, Claro y Telefónica, entre otros, por los permisos de retransmisión de las señales en alta definición.

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Un nuevo personaje aparece en la larga novela que mantiene enfrentados a los canales privados Caracol y RCN contra los operadores de televisión paga UNE, Directv, Claro y Telefónica, entre otros, por los permisos de retransmisión de las señales en alta definición de los primeros a través del servicio de los segundos. Se trata de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, oficina del ente de control que envió el pasado viernes 18 de julio una carta al director de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, Ramón Angarita Lamk, en la que condensó varias “reflexiones” a propósito de la actuación administrativa que el ente rector de la televisión se apresta a emitir sobre “la garantía de la recepción de señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción”.

El ente de control le recordó a la ANTV que tanto el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, como las sentencias posteriores de revisión de la Corte Constitucional (por ejemplo la Sentencia C-654 de 2003), ordenan a los operadores de televisión por suscripción a garantizar a través de sus sistemas el acceso de los colombianos a las señales de televisión abierta nacional y regional públicas y privadas, sin costo para el usuario. Indica la Procuraduría que esto se basa en “los principios superiores del Estado Social de Derecho” y de “garantizar el derecho al pluralismo informativo que le asiste a toda la comunidad”, sin hacer “distinción entre recepción y transmisión de la señal” de TV abierta Nacional, además “de manera ininterrumpida y gratuita”.

Según informó El Tiempo de Colombia, la Procuraduría le recuerda a la ANTV que no hay lugar a interpretaciones de tal mandato constitucional, el cual denomina como de ‘must carry´, y que de hacerlo pondría en serio riesgo de desequilibrio a los acuerdos económicos vigentes entre el Estado con los concesionarios de televisión abierta (es decir a las condiciones de concesión que tienen los canales RCN y Caracol), así como los permisos de los operadores de TV paga.

El ente de control indica que se produciría “un desfinanciamiento del Fondo para el Desarrollo de la Televisión”, que se nutre de los aportes que los operadores de TV por suscripción hacen por cada cliente que reportan; y que incluso se afectarían las condiciones para la adjudicación de un tercer canal privado nacional, así como un posible detrimento patrimonial de los canales regionales y locales que también tendrían que exigir dicha contraprestación.

También señaló que se generaría un desajuste en las cargas regulatorias que rigen al mercado de la televisión. La carta de la Procuraduría termina resumiendo que las decisiones de la ANTV “deben observar y respetar los principios de prevalencia del interés general confianza legítima, seguridad jurídica, legalidad y cosa juzgada, previstas en nuestro ordenamiento jurídico”.

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