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Diputado brasileño busca castigar la interrupción de TV paga

El diputado brasileño João Ananias (PCdoB-CE) anunció la presentación de un proyecto de ley que regula la aplicación de sanciones a los proveedores de servicios de TV paga. La intención es la de reparar el daño causado por las frecuentes interrupciones.

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El diputado brasileño João Ananias (PCdoB-CE) anunció la presentación de un proyecto de ley que regula la aplicación de sanciones a los proveedores de servicios de TV paga. “Con tantas quejas en contra hemos decidido proponer una regulación más estricta. En caso de una interrupción del servicio debido a problemas técnicos, el abonado tiene derecho a una indemnización por el valor correspondiente al período de inactividad, multiplicado por cinco”, explicó.El parlamentario explicó que la intención es la de reparar, aunque sea mínimamente, el daño causado por las frecuentes interrupciones a los servicios de TV paga y comprometer a los operadores a mejorar la calidad de su oferta. La compensación a los abonados debería realizarse independientemente de la solicitud al proveedor, pagado como descuento en su próxima factura, dentro de los 60 días de la interrupción del servicio. Si el operador no lo cumple, el importe de la indemnización se duplicará y se le sumarán los intereses legales y corrección monetaria.El texto del proyecto también establece que si la interrupción del servicio alcanza a un gran número de suscriptores, el proveedor deberá suspender la comercialización del mismo hasta que demuestre a la Anatel que sus capacidades de gestión, técnicas y administrativas son satisfactorias. Las deficiencias en la prestación de servicios de telecomunicaciones se discutieron en mayo pasado durante una audiencia pública de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) demostró que entre todos los entes reguladores, Anatel es la que menor porcentaje de multas recoge. Entre 2008 y 2010, la agencia impuso multas por un total de USD 5,8 billones, pero sólo recaudó USD 250 millones (4,3% del total). Ananias cree que “actualmente las empresas se han convencido de que no van a pagar las multas impuestas, por lo que no se molestan en asegurar al usuario un servicio de calidad”.

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