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Se suspende la sesión para votar la Ley de Comunicación en Ecuador

El pasado miércoles se suspendió la sesión en la Asamblea Nacional ecuatoriana, en la que se esperaba votar la nueva Ley Orgánica de Comunicación.

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Un controvertido proyecto de ley de comunicación quedó hoy en el aire en Ecuador después de que el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, suspendiera la votación, según la oposición por falta de votos suficientes para su aprobación. Un destino parecido sufrió también una ley que incluye restricciones a la cobertura periodística de la campaña electoral y un nuevo sistema de asignación de escaños, cuya legalidad debía analizar hoy la Corte Constitucional, destacó Efe.

El tribunal acordó resolver antes dos pedidos de recusación de algunos de sus integrantes. Ambas decisiones llegan en un ambiente de confrontación entre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con los principales medios de prensa privados, que le ha llevado a prohibir a sus ministros que les den entrevistas. Santiago Guarderas, abogado de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), dijo que los dos aplazamientos son “una victoria para la prensa y para los ciudadanos”.

Una hora después del horario fijado para el inicio de la sesión parlamentaria de hoy faltaban cinco legisladores, con lo que Cordero, del oficialista Movimiento Alianza País, la canceló, pese a que había cuórum de sobra para proceder. La oposición señaló que la razón real fue que Alianza País carece de los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley, que el oficialismo dice que mejorará la calidad de la información y que gremios periodísticos consideran una vía para que el Gobierno controle a la prensa.

La suspensión “es una muestra más de la arbitrariedad con la que el oficialismo maneja la Asamblea. En una democracia cuando hay los votos se aprueba una ley y cuando no hay no se aprueba, no es que tenemos sesión solamente cuando podemos aprobarla con nuestros votos”, dijo César Montúfar, del opositor Concertación Nacional. El Movimiento Alianza País cuenta con 49 escaños y cuatro miembros del Partido Socialista suelen apoyarle, pero aun así le faltan 10 para llegar a los 63 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en el parlamento unicameral ecuatoriano.

Algunos miembros del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) dijeron ayer que estaban a favor de ciertas partes del proyecto, lo que dio la impresión de que Alianza País contaba con sus votos. No obstante, el jefe del bloque, Luis Morales, anunció hoy antes de la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento) que los cinco asambleístas del grupo votarían en contra de todos los artículos.

Entre los puntos peliagudos está la creación de un ente regulador para controlar la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, así como la redistribución del espacio radioeléctrico. Según la propuesta, el 33 % de las frecuencias quedaría en manos privadas, otro 33 % serían públicas y 34 % comunitarias, lo que según Montúfar establecería un bloque de medios estatales pro-gobierno.

Otra batalla se libra en la Corte Constitucional, que examina el llamado Código de la Democracia tras recibir cinco demandas de gremios de prensa y partidos políticos, que lo ven como una amenaza a la libertad de expresión. En cambio, el Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, aseveró en una audiencia en junio que la ley evitará el “abuso” de los grandes medios de comunicación ecuatorianos, que a su juicio “han privilegiado a sus propios candidatos” en el pasado.

El Código establece que durante la campaña electoral los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política”. El Movimiento Popular Democrático (MPD), uno de los demandantes, solicitó que cinco magistrados de la Corte se excusen de conocer la causa porque “son candidatos del Presidente de la República a ser reelectos”, según dijo.

El Ejecutivo también pidió que se aparte otro magistrado, Alfonso Luz Yunes, por unas declaraciones en las que supuestamente se manifestó en contra de la norma. La Corte Constitucional entrará al fondo de la ley una vez que resuelva esas solicitudes, para lo que, como en la Asamblea, aun no hay fecha.

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