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Anatel no anulará la concesión de Oi para operar en Brasil

El regulador brasileño no continuará el trámite de caducidad del concurso de quiebra del operador que había abierto en enero por una posible fusión de Pharol con Telecom, que nunca se materializó.

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El regulador del sector de telecomunicaciones en Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), realizó el 22 de febrero una reunión extraordinaria a puertas cerradas para tomar una decisión acerca de la caducidad de la concesión de la firma Oi y su proceso de recuperación judicial. La entidad decidió no continuar el trámite de cancelación de las autorizaciones de Oi para operar servicios de telefonía fija, celular, banda ancha y TV por suscripción en el país tras saber que una fusión entre la portuguesa Pharol, el principal accionista de la quiebra de Oi, y Telecom Portugal no se realizará. 

A su vez, se cerró un proceso de investigación que había sido comenzado en diciembre por el Procurador de la República, Iván Cláudio Marx. El funcionario consideraba que la compañía beneficiaba a la región sudeste del país, que ya cuenta con suficiente infraestructura de comunicaciones en comparación con otros territorios. A través de un acuerdo firmado en 2016 entre Anatel y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, se determinó un plazo para que el regulador detallara las ciudades donde Oi debía realizar sus inversiones.

El principal accionista interesado en adquirir y reformar a la compañía es la firma Pharol, la mayor empresa de telecomunicaciones de Portugal, pero Anatel todavía está analizando aprobar esta medida corporativa. Pharol ya cuenta originalmente con un 27% de las acciones de Oi. Además de no retirar las licencias de Oi para operar en Brasil, los directivos de Anatel también se comprometieron a continuar el seguimiento de la situación de la telco. 

En diciembre de 2017 y febrero de 2018 se realizaron dos convocatorias de la Asamblea de Acreedores de Oi para votar un plan de reestructuración para el pago de sus deudas al Estado brasileño tras declararse en quiebra hace un año y medio. El El Plan de Recuperación Judicial (PSA) fue aprobado a principios de enero por el Juez del 7º Juzgado Corporativo de Río de Janeiro, Fernando Viana. A pesar de la homologación, Oi todavía vive un ambiente de disputa entre accionistas y el actual consejo de administración de la empresa.

El PSA, entregado por Oi en noviembre de 2017, propone reducir el pasivo de la empresa, que ronda los $197 mil millones de dólares, mediante la conversión del 75% de la deuda soportada por los acreedores, a los que se concederán derechos sobre la compañía. Sin embargo, Oi divulgó al mercado un aumento en la participación del grupo JGP (gestión de recursos y de patrimonio), que pasó de un total del 4,93% al 5,28% de las acciones.

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