Se recrudece la polémica en Argentina ante la sanción a Cablevision

La desaparición de la compañía como proveedor de acceso a internet traería serios problemas en términos de competencia. La compañía y ATVC denuncian persecución ilegal por parte del Gobierno, lo que también afectaría a los usuarios.

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La polémica decisión del ministro de Planificación de la Argentina, Julio De Vido, parece haber cambiado para siempre las reglas del mercado en el país. La cancelación del permiso a Cablevisión para prestar el servicio de acceso a Internet mantiene la polémica en el país, dado que la compañía posee más de 1 millón de abonados, representando un 25% del mercado, detrás de Telefónica y Telecom, ambos en alrededor de 1,3 millón de abonados. Estos números dan la pauta de que el impacto en el mercado de acceso a Internet lejos está de ser menor.En el escenario en que efectivamente Cablevisión tuviera que dejar de prestar el servicio de acceso a Internet, absorber 1 millón de nuevos clientes no será tarea sencilla para el resto de los ISP desde una perspectiva técnico-operativa. Se trataría de un pico de demanda demasiado alto como para que haya disponibilidad de módems y otros dispositivos de la red así como de personal capacitado para instalar y dar soporte en un plazo tan exiguo. Para tener una mejor idea de magnitud, en los 90 días del trimestre abril-junio pasado, el crecimiento del total del mercado fue de 140.000 abonados. La medida implicaría una volumen 7 veces superior en un período de tiempo equivalente.Desde Cablevision se alegó que la medidas son ilegales y arbitrarias, y que no registran antecedentes, dado que el Gobierno pretende dar de baja la licencia del servicio de Internet de Cablevisión a través de su marca Fibertel, y afectar no sólo a su más de un millón de clientes, sino a todos los argentinos que hoy pueden contar con una opción competitiva y de vanguardia tecnológica en banda ancha. La compañía también sostuvo que la inédita resolución revela una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en Argentina, hace ya 13 años, al inaugurar el servicio de cable modem, frente a las dos grandes telefónicas, herederas de la red pública. Además, Cablevision dijo que implica una gravísima penalización a los clientes y a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución. Cablevisión tomó conocimiento de la misma por una conferencia de prensa, en este caso del ministro Julio de Vido e impugnará de inmediato este nuevo avasallamiento a sí misma y a sus clientes que, según argumentan, no tiene sustento legal ni fáctico alguno. Desde 2003, Cablevisión es la titular de la licencia que opera con la marca Fibertel, tras la absorción societaria de esta última, que fue aprobada por la Inspección General de Justicia. Cablevisión ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios con la más alta tecnología, tal como lo viene haciendo hasta la fecha. Además la compañía seguirá brindando con normalidad el servicio de Internet mientras defiende en todas las instancias correspondientes sus derechos y los de sus clientes. Por su parte, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) expresó que “mediante la Resolución 100 se propicia que los monopolios de telecomunicaciones se queden con el millón de clientes de banda ancha que tienen contratados esos servicios. El sector ya se ve seriamente amenazado por la puesta en vigencia de la Ley de Medios que desalienta la instalación de redes modernas que sean una alternativa a las telefónicas”.Además, la entidad afirmó que estas disposiciones convergen en la misma dirección: desmantelar la industria del Cable en la Argentina, afectando a empleados y empresarios; y que se terminará privando a los ciudadanos de una competencia efectiva que les proporcione conectividad accesible para integrarse a la sociedad del conocimiento dejando atrás su exclusión digital.En este contexto ATVC expresó: “bregamos por un diseño regulatorio que asegure una competencia equilibrada y racional entre varias plataformas tecnológicas y que no destruya un activo de desarrollo social: las redes TV de Cable. Sólo de esta manera se van a defender los derechos de los consumidores que hoy se ven cercenados”.El escenario de la venta o cesión del negocio a un tercero para evitar tamaño traspaso de abonados y mantener la competencia es complejo, ya que el servicio de acceso a Internet se ofrece sobre la misma red por la cual se da la TV por cable, dificultando la separación de los servicios.

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