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Se conoció postura de broadcasters uruguayos sobre la Ley de Medios

ANDEBU, CORI, CUTA y RED ORO sostienen que la iniciativa presenta múltiples falencias, contradicciones, desarmonías internas y disposiciones contraindicadas, respecto de directivas y recomendaciones internacionales.

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Los representantes de más de 400 empresas de radio, televisión abierta y para abonados de todo el país hicieron conocer su opinión respecto al proyecto de ley para la regulación de los medios de comunicación audiovisual. ANDEBU, CORI, CUTA y RED ORO sostienen que la iniciativa presenta múltiples falencias, contradicciones, desarmonías internas y disposiciones contraindicadas, respecto de directivas y recomendaciones internacionales.

Entienden que la regulación propuesta perjudicaría la actividad de los medios de comunicación restringiendo el libre flujo de ideas y opiniones dentro de la sociedad, creando al mismo tiempo un marco regulatorio intromisivo, dirigista y con sesgo autoritario, afectando múltiples derechos amparados en la Constitución de la República, al tiempo que deja amplios márgenes de control y regulación en manos del gobernante de turno.

Al comentar la propuesta de eliminación de monopolios y oligopolios establecen que el propio texto consolida un monopolio a favor del Estado, por cuanto le confiere el control exclusivo sobre los contenidos audiovisuales emitidos por los operadores de televisión abierta que carezcan de infraestructura propia, constituyendo un contrasentido y una discriminación en contra de los operadores privados.

Finalmente en su comunicado las empresas de  radio y televisión indican que no pretenden “atribuir ningún tipo de intencionalidad a este Gobierno, que hasta el presente ha respetado cabalmente el derecho a la libertad de expresión de todos los medios de comunicación; pero sí advertir que el proyecto de ley a estudio, de aprobarse, podría constituirse en una peligrosísima herramienta al servicio de otros gobiernos con menor apego a los principios democráticos y republicanos de gobierno para coartar derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos,  tal como desafortunadamente ha venido ocurriendo en otros países de la región.

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