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Justicia de Uruguay avanza sobre los operadores de TV Paga

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por empresas de televisión por cable del interior, que pretendían no revelar la cantidad de abonados que tienen.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por empresas de televisión por cable del interior, que pretendían no revelar la cantidad de abonados que tienen. Según la Justicia, el derecho a la información debe garantizarse y la Ley de Acceso a la Información Pública no vulnera el derecho a la privacidad de las personas.

La acción surgió luego de un pedido de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en 2010. APU pretendía saber la cantidad de abonados que tenían las empresas de televisión por cable como una forma de tener información certera para la negociación en los consejos de salarios. El sindicato quería establecer un complemento salarial de acuerdo a la productividad de la empresa, medida por la cantidad de abonados que tenía. La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) se negó a proporcionar esos datos, que constan en sus registros, alegando que la información es reservada.

Luego de una acción judicial de acceso a la información que inició APU con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), se dio la razón a los solicitantes y se conminó a la Ursec a brindar los datos. La información no llegó a tiempo para ser utilizada en la negociación. APU la solicitará nuevamente este año, cuando comience la negociación salarial, anunció a la diaria Ruben Hernández, presidente del sindicato. La intención no es hacerla pública sino utilizarla como un insumo de trabajo.

La decisión judicial adoptada en este caso motivó a varias empresas de televisión para abonados que operan en las localidades de Canelones, Pando, Colonia, Santa Lucía, San Carlos, Chuy, Tala, Rivera, Melo, Treinta y Tres, Young y Guichón, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJ contra la Ley de Acceso a la Información Pública. La solicitud fue presentada por videocable Rivera contra la Ursec y contra APU.

Las empresas alegaron que el derecho de los particulares a la reserva de sus datos personales está contemplado en la Constitución cuando se menciona el derecho al trabajo y a la propiedad. También presentaron como argumento el artículo 28 de la Constitución, que señala que “los papeles de los particulares y su correspondencia” son “inviolables”. Alegaron que el número de abonados es para las empresas un dato sensible porque hace al funcionamiento y a las estrategias comerciales y, en caso de salir a luz, deja al desnudo si la estrategia comercial seguida es exitosa o fracasa, lo cual deja al operador en desventaja ante sus proveedores y competidores.

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