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Canales privados de Uruguay compran pliegos de TV Digital

Los tres canales privados de TV Abierta (4, 10 y 12) compraron pliegos de la licitación de señales digitales que lleva adelante el gobierno, luego de haberse resistido a hacerlo en protesta contra la Ley de Comunicación Audiovisual.

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Mientras el gobierno y los canales privados protagonizan una de las pujas de poder más importantes de los últimos años con el proceso para adjudicar canales de televisión digital, la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) salió ayer a respaldar la aprobación de la ley de medios y el camino elegido por el gobierno de José Mujica para adjudicar las nuevas ondas de radiodifusión audiovisual. El oficialismo tercia en la discusión, justo cuando las empresas que explotan desde hace décadas los canales de televisión abierta piden al Poder Ejecutivo meter en un cajón del Parlamento el proyecto que pretende regular el funcionamiento de los servicios audiovisuales, a cambio de competir en el llamado de la TV digital.

Según el diario El Obsevador, en la sesión de la Mesa Política Nacional, todo los sectores que componen el partido de gobierno resolvieron incluir en la agenda del segundo semestre el compromiso de aprobar la ley de medios y defender el proceso de adjudicación de canales llevado adelante por el Poder Ejecutivo. A su vez, ratificó en todos sus términos una resolución interna del 14 de julio de este año, cuando recibió un informe de jerarcas del gobierno, y se propuso “continuar avanzando en la democratización” de los medios de comunicación, para lo cual resulta “de suma importancia el cabal cumplimiento del proceso en marcha para la adjudicación de las ondas de TV digital”. El FA, además, reiteró su compromiso de aprobar “en este período legislativo” la ley de medios, y anunció que desplegará una “amplia movilización” junto a organizaciones sociales para defender esos dos objetivos.

El gobierno prorrogó una semana el plazo límite para recibir proyectos audiovisuales de privados que aspiran a un canal de televisión digital. Lo hizo pocas horas después que los tres canales privados (4, 10 y 12) compraron en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) el pliego de bases y condiciones del llamado, un requisito excluyente en el proceso. De ese modo, pasó a ser el lunes 15 de julio a las 15 horas el plazo límite para presentar la documentación junto al proyecto. La compra del pliego por parte de los canales y la prórroga comunicada por el gobierno fueron parte de lo acordado el miércoles a la noche entre representantes de los tres canales privados y jerarcas del Poder Ejecutivo.

La posición ratificada ayer por el FA surgió a propuesta del diputado socialista Julio Bango, quien recordó al órgano de conducción de la izquierda que el tema debía ser parte de los asuntos clave a defender por la fuerza política. Fue así que la presidenta de la coalición, Mónica Xavier, lo incluyó en la lista de temas prioritarios, informó a El Observador el secretario político Gerardo Rey. “Nosotros ya habíamos definido que este tema era muy importante, porque hace a la democratización de la sociedad, no solo a la democratización de los medios. Entonces como justo se estaba hablando de las acciones que se iban a hacer en el segundo semestre, recordé que este tema lo habíamos definido como prioritario, y había que incluir algunas acciones en el segundo semestre de respaldo a la ley de servicios audiovisuales”, comentó Bango a El Observador.

De esa forma, la coalición de izquierdas busca fecha y lugar para desplegar su estructura y defender la ley de medios. Allí, según el diputado socialista, se intentará difundir el contenido de la ley en la sociedad, “y dejar bien claro que lo que intenta esta ley es garantizar la libertad de expresión en el Uruguay”.

Los canales privados habían transmitido su posición contraria al proyecto de ley de medios, en un documento compartido entre dirigentes políticos y empresarios donde establecieron que se debilita y afecta la libertad e independencia de los medios. “El proyecto propone un estricto, complejo e impreciso control de los contenidos, impone a las empresas grandes sobrecostos y nuevas cargas”, dice el documento de los canales al que accedió El Observador.

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