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Argentina reestructura su mercado de telecomunicaciones

Antes de que finalice el año, un decreto del Presidente Mauricio Macri habilitará a Nextel a operar con frecuencia 4G; a las telefónicas a ofrecer TV por cable en dos años, y a DirecTV a brindar servicios satelitales de Internet y televisión.

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MAURICIO MACRI

Antes de que finalice el año, el Gobierno de Argentina reestructurará el mercado de las telecomunicaciones a partir de un decreto del Presidente Mauricio Macri que buscará favorecer los reclamos de los principales jugadores del sector.

Entre otras resoluciones, el decreto habilitará al Ministerio de Comunicaciones y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a autorizar a Nextel a convertirse en el cuarto operador de telefonía celular del país; reducir el plazo de tres a dos años para que las operadoras de telefonía puedan ofrecer TV por cable, y permitir el desembarco de DirecTV en los sectores de Internet y televisión.

Si bien el decreto no especificará abiertamente estas determinaciones, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el titular del Enacom Miguel De Godoy redactarán las resoluciones tendientes a cumplir con la orden presidencial y apuntando a regularizar las relaciones entre todos los actores del mercado.

De esta manera, el decreto beneficiaría principalmente a los grupos Clarín y Telefónica: Nextel (de Cablevisión) podrá operar con frecuencias 4G, compitiendo con Personal, Movistar y Claro; mientras que las telcos podrán ofrecer TV por cable a partir de 2018, lo que permitirá a Telefónica competir con Cablevisión. En el caso de DirecTV, el decreto le permitirá ofrecer servicios de Internet y televisión paga a través del uso de su satélite, sin la necesidad de invertir en el desarrollo de un tendido de fibra óptica.

Según las especulaciones, la apertura total del mercado argentino se producirá en 2018, momento en que los jugadores actuales competirán entre sí en los distintos servicios de telecomunicaciones a lo largo de todo el país. Sin embargo, al menos en principio, habrá una restricción de competencia para las localidades de menos de 80.000 habitantes, con el objetivo de proteger a las pymes.

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