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Claro y Movistar deberán pagarle una suma millonaria al Estado de Colombia

Un tribunal arbitral determinó que las empresas de telecomunicaciones deberán abonar cerca de $1.500 millones de dólares por la devolución de las redes e infraestructura que fueron instaladas para la prestación del servicio de telefonía móvil.

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Un tribunal arbitral determinó que las empresas de telecomunicaciones Claro y Movistar deberán pagarle al Estado de Colombia unos $4.8 mil millones de pesos (cerca de $1.500 millones de dólares) por la devolución de las redes e infraestructura que fueron instaladas para la prestación del servicio de telefonía móvil.

En concreto, un Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitado por todas las partes para llegar a una decisión, determinó que “la cláusula de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y los operadores Comunicación Celular S.A. Comcel y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., está vigente y es de obligatorio cumplimiento”.

El monto aproximado de $4,8 billones de pesos colombianos es, según el comunicado citado en El Colombiano, “el equivalente en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013”. La suma deberá ser pagada dentro de los próximos 15 días hábiles, o de lo contrario, se añadirán intereses moratorios.

La información de El Colombiano detalla que en 1994 “se suscribieron seis contratos de telefonía móvil celular, que luego se consolidaron en cabeza de dos operadores, con una duración de 10 años, plazo que se prorrogó por diez años más, es decir, hasta el año 2014”. Posteriormente, en 1998, “se expidió la Ley 422, la cual definió que en los contratos de concesión de telefonía móvil celular solamente se revertirían al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, sin hacer referencia alguna a los contratos en ejecución”, que establecían la devolución de activos.

Tras el dictamen, Telefónica Colombia se refirió al falló y aseguró que “analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales necesarias para la defensa de sus intereses y para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”. Claro hizo lo propio e indicó que “estudiará el alcance del laudo proferido para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”.

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